Derechos Humanos

Cusco: Interponen acción de amparo para frenar criminalización contra ronderos

Demanda va en contra de la fiscalia y Poder Judicial, luego que estos procesaran arbitrariamente a 05 lideres de la justicia comunal indígena, por ejercer funciones jurisdiccionales.

La defensa legal de cinco ronderos, a cargo del abogado Ramiro Llatas y el Instituto de Defensa Legal,  presentaron hoy una demanda de amparo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes vienen procesando penalmente a dirigentes de las rondas campesinas,  por ejercer la jurisdicción indígena, reconocida en el artículo 149 de la Constitución Política.

Los líderes procesados son: Blas Guido Antezana Tapara, Wilber Grimaldo Sanga Condemayta, Julian Huaman Quispe, Francisco Rojas Condemayta, Erasmo Apaza Quispe, todos ellos pertenecen a la Central Única de Rondas Campesinas de la provincia de Quispicanchis Cusco

Para Ramiro LLatas, el Poder Judicial y Ministerio Público, violan el derecho a la autonomía, a la autodeterminación y al autogobierno, el derecho a la identidad cultural de las rondas campesinas, integrantes de 09 comunidades campesinas del Distrito de Marcapta, Provincia de Quispicanchis, Región del Cusco, población que además es considerada como parte del pueblo quechua y que entre sus instituciones ancestrales que tienen a la justicia comunal.

Si bien se trata de un proceso penal enmarcado en las labores regulares del Ministerio Público y del Poder Judicial, constituye una amenaza cierta e inminente, pues desconoce la facultad jurisdiccional que tienen las rondas campesinas de administrar justicia en torno al derecho consuetudinario dentro de sus territorios, indica Llatas.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), a través de su cuenta de facebook también se pronunció al respecto, quien indicó que el Poder Judicial y el Ministerio Público están desconociendo inconstitucionalmente una competencia atribuida a las comunidades campesinas por el propio artículo 149 de la propia Constitución Política. Estamos ante una violación de la garantía del juez natural sin lugar a dudas.

“Artículo 149°. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial” concluye Ruiz Molleda.

 

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