Política

En sótanos del Pentagonito se incineraron civiles detenidos

Se aumenta penas a Montesinos, Hermoza y Nadal Paiva a 25 años de prisión.

La Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que en los sótanos del Cuartel General del Ejército, conocido como “Pentagonito” y dependiente del Ministerio de Defensa, se detuvo e incineró a civiles, en el marco de la lucha contrasubversiva.

Entre las víctimas se identificó a los estudiantes de la Universidad del Callao, Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo Castro, así como el profesor Justiniano Najarro Rúa, ilegalmente detenidos por personal militar.

Sede militar

“En el presente caso está demostrado que los hechos delictivos fueron cometidos por personal del Ejército, quienes desempeñaron diversas funciones, como el seguimiento de los agraviados, a través de los vehículos con que disponían y que pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército”, subraya el veredicto emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Anota que luego de seguirlos en los vehículos oficiales, los detuvieron y condujeron “a los calabozos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), utilizando las instalaciones del Pentagonito, el cual se encuentra en el interior del Ministerio de Defensa.

Aumentan penas

Así lo establece la máxima instancia judicial del país, al ratificar por unanimidad la condena al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, al ex comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos y al ex director general de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, por desaparición forzada de personas.

Sin embargo, dada la gravedad del delito cometido en una instalación pública, les aumentó la pena que les impuso la Sala Superior. La pena para Montesinos y Hermoza Ríos aumenta de 22 a 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, para Nadal Paiva, aumenta de 15 a 25 años de prisión efectiva, la que se contará desde que sea capturado. Nadal Paiva se encuentra prófugo de la justicia desde septiembre del año pasado.

La sentencia de la Corte Suprema subraya, además, que las desapariciones forzadas e incineración de cuerpos en los sótanos de la DINTE no se habrían podido realizar sin conocimiento y autorización de los jefes militares.

Pruebas

“En la línea de los actos ejecutados no era posible que los subalternos, encargados de las detenciones y demás hechos, actuarán por decisión propia sino por órdenes superiores directas (de acuerdo con la jerarquía de la organización) para lo cual se utilizaban las instalaciones del Ejército y sus bienes (vehículos y armas)”, mediante el dominio de la voluntad de un aparato organizado de poder.

Una de las principales pruebas para la sentencia la constituyó la Inspección de Ingeniería Forense N° 3,396-04, realizado en el segundo sótano denominado “Almacén de recuperación de ingeniería del SIE“.

Durante esa inspección, en los hornos del Pentagonito se encontró un resto humano que los peritos identificaron como una “estructura ósea que corresponde” al cuarto dedo de la mano derecha”. También se halló otro resto humano que hasta el momento no ha sido posible identificar.

Los peritos establecieron que los hornos de la DINTE soportaron temperaturas de mil grados, muy superior a lo necesario para quemar papeles.

Igualmente, se encontraron los cuadernos de registro de detenidos, pero sin señalar nombre y solo un código numérico, en fechas y horas que coinciden con la detención de los estudiantes y el profesor.

Una lucha de 24 años en busca de los hijos

La sentencia de la Corte Suprema es el resultado de la lucha de la familia del estudiante Martín Roca Casas, quien durante estos 24 años no desmayó en busca de justicia, para saber el destino final de su hijo. En su lucha recibieron el apoyo de la abogada Gloria Cano de Aprodeh y del fiscal superior Hugo Turriate, quien consolidó y presentó las pruebas en el juicio público.

Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Apaza fueron detenidos entre junio y octubre de 1993. Roca Casas fue detenido luego de un altercado con un agente de inteligencia de la Marina, Anzualdo por reclamar, como dirigente estudiantil, por la detención de Roca Casas; y Justiniano Apaza por ser profesor en Ayacucho. Había emigrado a Lima, donde era panadero.(lr)

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